Tipos de Financiamiento

En cuanto a los tipos de financiamiento directos, están el preelectoral, y post electoral. Para cada elección general se aplica una partida correspondiente al 1% de los ingresos corrientes presupuestado para el Gobierno Central para el año inmediatamente anterior del mismo, el 40% para el financiamiento previo y el 60% para el financiamiento post electoral; de la misma manera, las diferentes oficinas administrativas de los partidos provinciales y comarcales, tienen dos fuentes de financiamiento post electoral, el 20% se procede para determinar la suma que le corresponde a cada partido sobre la base de los votos obtenidos, distribuyéndose así: cada partido ocupará el 75% para gastos de funcionamiento, el 25% para capacitación y este último rubro, el 10% debe estar destinado al género femenino.

Sentencia de 19 de febrero de 2019. Demanda de Inconstitucionalidad. Partes: Roberto Ruíz Díaz para que se declare inconstitucional parte del contenido en el numeral 1 del artículo 2 del Decreto N° 22 de 5 de mayo de 2018.

Texto del Fallo

Financiamiento Directo

Como podemos apreciar, el significado de la justicia distributiva de las finanzas se hace, con los criterios más o menos equitativos de distribución del dinero público para las elecciones, en tal sentido deben establecerse los criterios generosos de distribución del financiamiento público directo, en materia de elección, de partido y de candidatos independientes.

Ese financiamiento directo en Panamá, está condicionado a los siguientes requisitos: primero ser partido político legalmente constituido; y segundo, ser un candidato de libre reconocimiento por el Tribunal Electoral.

Sentencia de 19 de febrero de 2019. Demanda de Inconstitucionalidad. Partes: Roberto Ruíz Díaz para que se declare inconstitucional parte del contenido en el numeral 1 del artículo 2 del Decreto N° 22 de 5 de mayo de 2018.

Texto del Fallo

Uso de colores similares a los colores distintivos de un partido político

 

En los comentados anuncios publicitarios sí se utilizan o emplean los colores rojo y azul, que coinciden con dos de los colores distintivos del emblema del partido político al cual pertenece el señor Presidente de la República, sin embargo, a juicio de la Sala, este hecho, ciertamente censurable, constituye una situación ajena al texto de los Contratos N.º 94-A y N.º 99-A, ya que sus cláusulas no aluden al contenido de la publicidad contratada, ni autorizan u ordenan la utilización de esos colores, tal como se desprende de la Cláusula 1º de ambos contratos, en las cuales las mencionadas empresas publicitarias se obligan a prestar al Estado sus servicios para producir cuñas, elaborar el plan de medios y contratar con dichos medios el espacio necesario para “divulgar y contratar las campañas publicitarias que le señale EL ESTADO”.

Sobre este punto, no debe perderse de vista que “el uso de símbolos que sean iguales o parecidos a los de los partidos políticos, en las vallas y anuncios utilizados por las entidades del sector público, nacionales y municipales, descentralizadas o no, para dar publicidad a obras públicas”, son actos sancionables por el Tribunal Electoral, tal como establece el artículo 1º del Decreto Nº 22 del 29 de octubre de 1997.

Sentencia de 26 de marzo de 1999. Caso: José Isabel Blandón c/ Ministerio de la Presidencia.

Texto del fallo

Concepto

 

Por lo que al término “política o político” se refiere, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía señala que, tradicionalmente, este término “se aplica al gobierno del Estado”, aunque modernamente se incluye en él a los gobiernos de las organizaciones supraestatales, como es el caso de la O. N. U. (Edit. Universidad. Buenos Aires. 1996. pág. 685). Para el jurista panameño César Quintero, el término “política” tiene dos acepciones fundamentales, una de carácter técnico, que se refiere al “ejercicio de las actividades relacionadas con la administración del Estado”; y la otra, científica, que “incluye, además el estudio sistemá-tico de las funciones del Estado” (Principios de Ciencia Política. Manfer, S. A. Panamá. 1986. pág. 15).

Sentencia de 23 de julio de 1998. Caso: Patronato de la Casa de la Cultura de Monagrillo c/ Consejo Municipal del Distrito de Chitré.

Texto del fallo

Su interpretación y aplicación corresponde de manera privativa al Tribunal Electoral

 

Con referencia a la norma citada, el examen de la demanda nos revela ha sido dirigida contra un acta que se origina de la interpretación y aplicación de la Ley Electoral vigente en el país por lo que debemos enfatizar que en ese sentido corresponde la interpretación y aplicación de la Ley Electoral de manera privativa al Tribunal Electoral tal y como lo consagra el artículo 142 de la Constitucional Política de la República de Panamá…”

Sentencia de 27 de abril de 2015. Caso: Rodrigo Sarasqueta vs. Junta Nacional de Escrutinio.

Texto del fallo