La inamovilidad en el puesto de trabajo puede ser reconocida, excepcionalmente, en los casos en el que el propio ordenamiento jurídico así lo reconoce; es decir, en los que la Ley otorgue una protección laboral producto de una condición inherente al funcionario, que haya sido acreditada, como lo es el fuero por discapacidad invocado.
Sentencia de 13 de junio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción J.M.J. c Ministerio de Seguridad Pública.
En otro aspecto, considera la parte actora que se le han vulnerado sus derechos, pues al momento de interponer el Recurso de Reconsideración, no se aplicó el efecto suspensivo al Acto en cuestión, situación que deduce de la solicitud de devolución del carnet institucional llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo; sin embargo, debe la Sala indicar que este se limita puntualmente al período en que se surten los Recurso en la Vía Gubernativa; de igual manera, cabe advertir, que su falta de aplicación, no conlleva la ilegalidad del Acto Administrativo impugnado, pues tal desatención no incidió en la emisión de la Resolución objetada.
Sentencia de 13 de junio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción R.A.G.R. c Defensoría del Pueblo.
Precisamos destacar que, tradicionalmente el derecho a una estabilidad laboral en el sector público se adquiere según el Texto Único de 29 de agosto de 2008 que ordena sistemáticamente la Ley 9 de 1994, que instaura la Carrera Administrativa, por medio de un procedimiento especial de ingreso de reclutamiento y selección basado en la competencia profesional, al mérito y la moral pública del aspirante, requisitos que se comprobarán mediante instrumentos válidos de medición previamente preparados, aprobados y aplicados por la Dirección General de Carrera Administrativa; es decir, a través del concurso de antecedentes, exámenes de libre oposición, evaluaciones de ingreso o cualquier combinación de los anteriores.
Sentencia de 10 de junio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción J.S.D.C. c Ministerio de Desarrollo Social.
La revocatoria se configura como un poder de la Administración del Estado para volver sobre sus actos, de oficio o a petición de parte, con la finalidad de revisar y poder retirar por sí misma, los actos administrativos viciados, irregulares o inconciliables con el ordenamiento jurídico, a través de un acto administrativo de efecto contrario.
Sentencia de 26 de mayo de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción sociedad Desarrollo Turístico Buena Aventura, S.A. c Autoridad Nacional de Administración de Tierras.
La jurisprudencia ha indicado que el ejercicio de la Potestad Reglamentaria se justifica en el la necesidad de auxiliar el alcance regulatorio de la Ley formal y en la autonomía de que gozan las entidades públicas autónomas, más solo puede ser ejercida en el marco específico de los servicios y prestaciones que brindan.
Sentencia de 27 de mayo de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad D.E.C.G. c Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.