Deber de la Administración de dar respuesta
En ese orden de ideas tenemos que señalar que, las normas que recogen el silencio administrativo, le imponen, a contrario censu, un deber a la Administración de dar respuesta dentro de los dos meses siguientes a las solicitudes, peticiones, quejas o recursos. De manera que no pronunciarse dentro de eses termino, se entiende que ha ocurrido el silencio administrativo, y por tanto configurada una negativa presunta, la cual constituye el punto de partida para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en búsqueda de la nulidad, por ilegal, de dicho acto negativo y el restablecimiento de sus derechos subjetivos cuando se trate de plena jurisdicción.
Sentencia de 18 de noviembre de 2019. Proceso: Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción. Partes: Vladimir Antonio Espinosa Aguilar contra Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social. 243-13