Dentro del marco de nuestra competencia, es posible establecer que la justicia administrativa constituye un medio jurídico que somete a la revisión de la Autoridad o de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, l actividad de las diferentes Entidades Gubernamentales o Estatales, para que a través de dicha revisión o control se logre la anulación del acto administrativo que adolece de ilegalidades, y que a su vez conlleva una afectación a los intereses de particulares, del ordenamiento jurídico general o el propio desconocimiento de ciertos derechos.

Es por ello que, el objeto del proceso Contencioso Administrativo no puede ser tomado como una forma contradictoria a la voluntad autónoma de la Entidad administrativa, sino que debe ser considerado desde la perspectiva de un Tribunal independiente que ejerce el control de la administrativa, con el objetivo de evitar actuaciones lesivas en detrimento de los administrados.

Sentencia de 19 de abril de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción L.A.V. c Ministerio de Economía y Finanzas.

Texto del Fallo

El silencio administrativo es un fenómeno jurídico, que se encuentra revestido de gran relevancia e importancia, toda vez que la Ley le otorga el efecto procesal de hacer viable una acción ante la jurisdicción contencioso administrativo, cuando la Administración no brinde una respuesta a las solicitudes o recursos que originen actos recurribles ante esta instancia, y que ante ella se instauren por considera la presunta existencia de un derecho subjetivo agraviado.

Así pues, el objeto de esta figura es servir de garantía para el particular frente a la inactividad de la Administración en los procesos iniciados a instancia de parte, para que la misma tenga la posibilidad de accionar los medios impugnativos correspondientes.

Auto de 18 de mayo de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción L.M.C. c Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Texto del Fallo

Este Tribunal considera que dentro del marco de nuestra competencia, es posible establecer que la justicia administrativa es un medio jurídico que somete a la revisión de la autoridad o de la jurisdicción contencioso administrativa, la actividad de las diferentes entidades gubernamentales o estatales, y es a través de dicha revisión o control que es posible la anulación del acto administrativo  que adolece de ilegalidades y que a su vez conlleva una afectación a los intereses de particulares, del ordenamiento jurídico general o el propio desconocimiento de ciertos derechos.

Sentencia de 17 de junio de 2021. Proceso Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Acta de Concurso dictada por el Jurado Calificador del cargo de la Jefatura Superior de Enfermería para ejercer funciones de enfermero (a) Jefe Regional de la Región de Salud de Panamá Oeste, Posición 11950, etapa IX, celebrado del 5 al 19 de octubre de 2018.

Texto del Fallo

Eliminación del cargo por la Constitución

En virtud de las reformas introducidas por el Acto Legislativo 2 de 1956, el 1o. de noviembre de 1956 el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa pasó a ser atribución privativa de la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia, con audiencia “del Procurador General de la Nación o el Procurador Auxiliar”, quedando así eliminados, por mandato de la carta fundamental, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y las funciones del fiscal que en él servía, como patrono de la Administración y defensor del orden jurídico.

La resolución del Órgano Ejecutivo acusada tiene como base esencial para negar al demandante lo que pide, la reforma constitucional de que se ha hecho mérito. Siendo ello así, y habiendo sido eliminado por la Constitución nacional el cargo de Fiscal de lo Contencioso Administrativo que el recurrente desempeñaba, las controversias que pudieran surgir como consecuencia de ese acto, están fuera de la esfera contencioso administrativa que es estrictamente de la legalidad, las cuestiones que se rozan con la Constitución nacional tienen un campo de acción claramente determinada en nuestra legislación, ajeno al que ha sido tomado por el recurrente y en el cual la Sala no puede penetrar por razones obvias.

Auto de 6 de junio de 1961. Proceso: plena jurisdicción. Caso: José Antonio Molino c. Ministerio de Gobierno y Justicia. Acto impugnado: Resolución 96 de 6 de septiembre de 1961. Magistrado ponente: Luis Morales Herrera.

Texto de la resolución

Sus actos son de naturaleza jurisdiccional  

Así se ha expresado en la jurisprudencia de esta Sala. En Resolución de tres de diciembre de 1997 bajo la ponencia del Magistrado Edgardo Molina Mola. con motivo de una demanda contencioso administrativa donde se pedía que se declarara nula, entre otras, la Sentencia de 22 de septiembre de 1997 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, se indicó:
“Como vemos dicha sentencias son actos materialmente jurisdiccionales, y no administrativos, y , por tanto, se trata de una competencia privativa, que implica el desarrollo normal de un proceso laboral especial, que reúne todas las características de los actos jurisdiccionales;evidentemente adscrito a otra jurisdicción, que no pueden impugnarse por la vía contencioso administrativa”.

Auto de 29 de marzo de 2017. Proceso: Plena Jurisdicción. Caso: Doris Escorcia c/ Junta de Conciliación y Decisión. Acto Impugnado: Sentencia nº 059-PJCD-17-16. Magistrado: Cecilio Cedalise.

Texto del Fallo