Pago de la obligación derivada de documentos distintos de una factura

 

Quienes suscriben se percatan que el actor para sustentar sus pretensiones ha argumentado básicamente que PATRIVIR, S. A. no expidió factura alguna para registrar las operaciones de venta de banano realizadas en el período comprendido entre 1989 a 1991 porque no estaba obligada hacerlo, conforme lo dispuesto por el artículo 1º, literal a. del Decreto de Gabinete No. 90 de 25 de marzo de 1971, que exime de la obligación de contar con licencia comercial o industrial para efectuar sus operaciones por estar dedicada a la agricultura. Dada esta situación, el actor considera que la Resolución impugnada infringió el artículo 11 de la ley 76 de 22 de diciembre de 1976, reformada por la Ley 45 de 31 de octubre de 1980.

Al respecto es procedente señalar que conforme a las normas fiscales, así como a la jurisprudencia de esta Sala ha quedado establecido que la factura no es el único documento en virtud de cuya expedición surge la obligación de pagar el Impuesto de Timbre. Así vemos que en sentencia de 12 de febrero de 1981, este Tribunal dijo lo siguiente: “Por consiguiente, no es de trascendencia jurídica la determinación que se utiliza en el documento o factura que se expida y en donde conste tal servicio, ya que lo que genera el impuesto es la función que cumpla, esto es, que sirva como cobro de los servicios prestados y basándose en ello se contabilice en los libros de la empresa”.

Acorde con este pronunciamiento, la Sala dictaminó que el impuesto de timbre está dirigido a la documentación que plasma la descripción del producto, precio, etc., el cual podría consistir en una factura (sentencia de 11 de agosto de 1998, bajo la ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola). En consecuencia, quienes suscriben consideran que no procede éste primer cargo de ilegalidad.

Sentencia de 28 de septiembre de 1999. Caso: PUMSA Inc., S.A. c/ Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí.

Texto del fallo

Su pago no incluye el impuesto de timbre

 

La Sala conceptúa que carece de asidero jurídico la argumentación del demandante, toda vez que conforme este Tribunal Colegiado ha reiterado en sentencias de 15 de septiembre de 1998 y de 11 de agosto de 1998 entre otras, la interpretación que hacen algunas empresas exportadoras (como LOS ANGELES S. A.) sobre el alcance de esta norma, es incorrecto. Sobre el particular la Corte ha señalado “que el hecho de que las exportaciones estén exentas de pagar impuesto, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 585 ibídem, salvo la exportación de guineo o banano, no significa que el mandato aludido se refiera a que esa exoneración tributaria incluya otros impuestos inherentes a gestiones comerciales distintas a la exportación”.

Por el contrario, esta Sala ha reiterado que el hecho imponible gravable es distinto, por lo que en el pago del Impuesto de Exportación no se entiende incluido el Impuesto de Timbre a que alude el artículo 967 del Código Fiscal. Ello, sin perjuicio de que la exoneración de un impuesto debe estar contemplada claramente en la Ley, y si la Ley es imprecisa al respecto, no queda sujeta interpretaciones convenientes por parte de los contribuyentes.

Sentencia de 14 de septiembre de 1999. Caso Los Ángeles, S.A. c/ Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí.

Texto de fallo

Causado por un contrato administrativo aprobado mediante Ley

 

En este sentido, los contratos administrativos se cumplen de buena fe, y uno de los puntos esbozados por el tercero coadyuvante en esta demanda (REFINERÍA PANAMÁ, S. A.) que merece igualmente consideración por parte del Tribunal, recae precisamente en el hecho de que si el Estado, como titular de los créditos tributarios procediese a sancionar pecuniariamente a la empresa, conforme al texto del artículo 987 del Código Fiscal, por el incumplimiento de los dispuesto en el artículo 967 del mismo cuerpo legal, pese a que el propio Estado convino expresamente, y así quedó aceptado por la Ley 31 de 1992 que aprueba la contratación, que el contrato causaría impuesto de timbre por valor de mil balboas (B/.1,000.00), estableciéndose como fecha para la eficacia del mismo la fecha de su entrada en vigencia posterior a la aprobación legislativa, la imposición de sanción sería no sólo contrario a lo convenido, sino también a la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.

El contrato suscrito, por su naturaleza, produce una especial incidencia en el mundo jurídico, determinando recíprocamente atribuciones y obligaciones con efectos jurídicos propios, directos e inmediatos, y de manera particular e individual para cada una de las partes. Ese acto bilateral emana de una manifestación de voluntades coincidente de las partes. La voluntad del Estado, como se desprende de lo estipulado en elcontrato, se circunscribe en cuanto a este punto, en la fijación de manera expresa, del impuesto de timbre que se causaría.

Sentencia de 6 de octubre de 1994. Caso: Boris Meléndez-Aven vs. Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Texto del fallo