Contratos de incentivos

 

Así pues, si conforme a lo estatuido en el artículo 9 del Decreto-Ley 12 de 1950, el Estado se reserva el poder -reserva que, por lo demás y según la doctrina, es implícita en la Administración- de aplicar las disposiciones en la medida que sean de positivo beneficio para la Economía Nacional, y siendo a su vez, únicamente, de la esencia de esos contratos la pauta contenida en el parágrafo del artículo 1o., que a la vez se encuentra supeditada a lo dispuesto en el artículo 9o. comentado, no constituye un aspecto esencial de lo mismo el término señalado en esos contratos, puesto que como se ha explicado, éstos tienden fundamentalmente a lograr ciertos objetivos económicos convenientes para el país, y por esta razón los incentivos concedidos en modo alguno permiten sustentar la tesis que tales privilegios sigan teniendo apoyo legal aún cuando se conviertan en factores adversos para la Economía Nacional.

Sentencia de 28 de diciembre de 1971. Caso: Compañía de Productos de Arcilla, S.A. c/ Dirección General de Ingresos. Registro Judicial, agosto-diciembre de 1971, p. 813.

Texto del fallo

Comparado con otros contratos administrativos

 

No existe, pues, en estos contratos de fomento o de incentivos a ciertas actividades privadas, iguales características a las que se dan en otros convenios administrativos en los que el Estado, como contraprestación por los privilegios y prerrogativas que otorga recibe bienes o servicios de la otra parte contratante, ni se trata de los casos en que se otorgan ciertas concesiones a determinadas empresas de utilidad pública, en las que como compensación, el Estado se ve desligado del compromiso de distraer grandes sumas del Tesoro Público, para la prestación eficiente y oportuna de esos servicios.

Sentencia de 28 de diciembre de 1971. Proceso: Plena jurisdicción. Partes: Compañía de Productos de Arcilla, S.A. c. Dirección General de Ingresos. Acto impugnado: Resolución 24 D.G.I. de 21 de diciembre de 1970. Magistrado ponente: Ricardo Valdés. Registro Judicial, agosto-diciembre de 1971, p. 814.

Texto del fallo

Su finalidad es distinta a la de los contratos civiles

 

A los contratos subordinados a las regulaciones del Decreto-Ley 12 de 1950 no le son aplicables las disposiciones del Código Civil , pues en dichos convenios no está presente el principio de la autonomía de la voluntad, que fundamenta la contratación de orden privado, ni la Administración se coloca como una persona jurídica en el mismo plano de igualdad con los particulares, ya que su función es cumplir ciertos objetivos económicos que tienden al bienestar común y no a enriquecer a los dueños o accionistas de las empresas beneficiadas. Es decir, la finalidad de estos contratos es otorgar al inversionista una garantía para obtener una compensación justa por su inversión, ya que la obtención de un enriquecimiento ilegítimo va contra de naturaleza del contrato, e incluso en contra de las bases del derecho público.

Sentencia de 28 de diciembre de 1971. Proceso: Plena jurisdicción. Partes: Compañía de Productos de Arcilla, S.A. c. Dirección General de Ingresos. Acto impugnado: Resolución 24 D.G.I. de 21 de diciembre de 1970. Magistrado ponente: Ricardo Valdés. Registro Judicial, agosto-diciembre de 1971, p. 814.

Texto del fallo

Modalidades

 

La Administración puede celebrar dos clases de contratos: contratos de derecho común y contratos de derechos público o administrativo. Los primeros se rigen totalmente por el derecho común; los segundos, en cambio, se rigen por el derecho administrativo. Entre estos últimos contratos se advierten dos modalidades especiales: los de carácter conmutativos en que existen prestaciones recíprocas entre la administración y el particular que contrata, y aquellos en que se concede solamente al contratante beneficios, privilegios y prerrogativas sin que se otorguen prestaciones recíprocas equivalentes a favor de la administración. Es evidente que los casos de contratos administrativos -y más acentuadamente en estos últimos no se dan las características de los contratos de derecho civil, entre los cuales se encuentra el de la simetría contractual que consagra el artículo 976 de dicho Código.

Sentencia de 28 de diciembre de 1971. Proceso: Plena jurisdicción. Partes: Compañía de Productos de Arcilla, S.A. c. Dirección General de Ingresos. Acto impugnado: Resolución 24 D.G.I. de 21 de diciembre de 1970. Magistrado ponente: Ricardo Valdés. Registro Judicial, agosto-diciembre de 1971, p. 813.

Texto del fallo

Procedimiento de Selección

Precisa iniciar señalando que el procedimiento de selección para convenio marco, es aquel en el que se seleccionará a uno o más proponentes, con los cuales se firmará un contrato llamado convenio marco, y se establecerán precios y condiciones determinados, para bienes y servicios, así como la ejecución de obra que no impliquen un alto nivel de complejidad, durante un periodo de tiempo, cuyos criterios de selección serán definidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en los respectivos pliegos de cargos, atiendo la particularidad de las necesidades. (Véase artículo 46(ahora 57) del texto único de la Ley 22 de 2006.

Sentencia de 3 de abril de 2019. Proceso: Advertencia de Ilegalidad. Partes: Aurelio Alí García dentro de la Acción de Reclamo que adelanta la Dirección General de Contrataciones Públicas, contra el pliego de cargos de la licitación pública de Convenio Marco N° 2017-1-27-0-99-LM-001755.

Texto del Fallo