A la Procuraduría de la Administración, le incumbe atender la gestión de calidad desarrollada dentro del marco constitucional y legal, defendiendo los intereses del Estado y de los municipios; promueve la legalidad, la competencia y la ética en las actuaciones de los servidores públicos; brinda orientación ciudadana y contribuye a fomentar una cultura de paz a través de la mediación comunitaria, para fortalecer el Estado democrático de Derecho. También, tal como se ha anotado, se le atribuye, la vigilancia en el funcionamiento de los estamentos públicos, así como, ejercer la consejería jurídica de los funcionarios administrativos (numerales 3 y 5 artículo 220 de la Constitución Política).
Ergo, esa obligación constitucional establecida en el artículo 220 atribuida al Ministerio Público consiste en supervisar, controlar y fiscalizar las conductas de los servidores públicos en general y cuidar que los mismos desarrollen las actividades propias de sus funciones, de acuerdo la Constitución Política y la Ley.
Sentencia de 12 de abril de 2023. Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 258 de 26 de noviembre de 2021.