Ese derecho es inherente a la condición de servidor público de carrera

 

La Jurisprudencia reiterada de la Sala, expone que el derecho a la estabilidad del servidor público está comprendido por un principio básico inherente al funcionario investido por una carrera de la función pública, regulada por una ley formal de carrera o por una ley que consagre los requisitos de ingreso y ascenso dentro del sistema, basado en mérito y competencia del recurso humano. Si no es así, la disposición del cargo queda bajo la potestad discrecional de la Administración, y no está sujeto a un procedimiento administrativo sancionador.

Sentencia 6 de octubre de 2014. Caso: Marsia Hitzenith Rodríguez Ortega c/ Autoridad de Turismo de Panamá. Registro Judicial, octubre de 2014, p. 838.

Texto del fallo

Su tramitación debe efectuarse a través de un proceso sumario

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 39 de 11 de julio de 2013, modificada por la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, se establecieron de manera taxativa tres prestaciones laborales a los que tienen derecho los servidores públicos detallados en dichas leyes, dependiendo de las circunstancias establecidas en dichos cuerpos legales. Uno de esos derechos es la prima de antigüedad, que surge por el tiempo laborado de manera continua en la o entidades estatales, y que ante el vacío establecido por las leyes mencionadas, su tramitación se deberá efectuar conforme al proceso establecido en la Ley 135 de 1943, que regula entre otros el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, por tratarse de reclamos de derechos particulares; y los otros dos, es decir, reintegro o indemnización que se produce cuando el funcionario ha sido destituido injustificadamente, cuya tramitación se hará a través del proceso sumario.

Por su parte, en cuanto al reclamo de la prima de antigüedad, las leyes en mención no establecen un término para la presentación de la demanda. No obstante, si se encuentra estipulado el término para solicitar el reintegro o la indemnización por despido injustificado, como lo establece el artículo 2 de la Ley 39 de 2013.

Auto de 16 de diciembre de 2014. Caso: Graciela Galván vs. INADHE. Registro Judicial, diciembre de 20154, p. 1099.

Texto del fallo

Su tramitación se efectúa conforme a las normas del contencioso administrativo de plena jurisdicción

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 39 de 11 de julio de 2013, modificada por la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, se establecieron de manera taxativa tres prestaciones laborales a los que tienen derecho los servidores públicos detallados en dichas leyes, dependiendo de las circunstancias establecidas en dichos cuerpos legales. Uno de esos derechos es la prima de antigüedad, que surge por el tiempo laborado de manera continua en la o entidades estatales, y que ante el vacío establecido por las leyes mencionadas, su tramitación se deberá efectuar conforme al proceso establecido en la Ley 135 de 1943, que regula entre otros el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, por tratarse de reclamos de derechos particulares; y los otros dos, es decir, reintegro o indemnización que se produce cuando el funcionario ha sido destituido injustificadamente, cuya tramitación se hará a través del proceso sumario.

Por su parte, en cuanto al reclamo de la prima de antigüedad, las leyes en mención no establecen un término para la presentación de la demanda. No obstante, si se encuentra estipulado el término para solicitar el reintegro o la indemnización por despido injustificado, como lo establece el artículo 2 de la Ley 39 de 2013, modificada por la Ley 127 del mismo años…

Auto de 6 de diciembre de 2014. Caso: Graciela Galván c/ Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADHE). Registro Judicial, diciembre de 2014, p. 1099.

Texto del fallo

Servidor público que no se reincorpora al puesto luego de hacer uso de una licencia

 

En ese sentido se observa, que el artículo 175 como primera norma cuya violación se alega, establece los casos en que procede el otorgamiento de una licencia al personal docente, entre los cuales se incluye la licencia de hasta tres (3) años consecutivos para realizar estudios de perfeccionamiento profesional. No obstante lo anterior, la solicitud que presenta el docente solo constituye la expectativa de un derecho, cuyo otorgamiento corresponde a la autoridad previo el análisis de las particularidades del caso por lo que no se puede hablar del desconocimiento de un derecho hasta que este haya sido otorgado.

En el caso que ocupa nuestra atención, la autoridad administrativa no concedió la licencia para estudios de perfeccionamiento profesional solicitada, en virtud de que la docente Marcia González  Justavino no reingreso al servicio una vez cumplió el término de la licencia otorgada por urgencia personal, para entonces tener la posibilidad de solicitar una nueva licencia luego de laborar un (1) año escolar completo, tal como lo prevé el artículo 175 de la Ley 47 de 1946.

Sentencia de 22 de diciembre de 2014. Caso: Marcia González Justavino c/ Ministerio de Educación. Registro Judicial, diciembre de 2014, p. 1211.

Texto del fallo

No forman parte de este régimen los servidores públicos que no ejercen funciones aeronavales

 

En otras palabras, conforme a la normativa señalada, no forman parte del régimen de carrera los servidores que no ejercen funciones aeronavales, ya que estos con arreglo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 36 del Decreto Ejecutivo 104 de 2009, están regidos por la ley de carrera administrativa general. En cambio, los servidores que poseen la condición de “personal juramentado,” conforme al segundo párrafo del artículo 36 lex cit, ingresan al régimen a través de escuelas o academias de formación aérea o naval, organizadas o reconocidas por el Órgano Ejecutivo.

A mayor abundamiento, se aprecia que el carácter especial de ingreso a la carrera de los servidores que ejercen funciones aeronavales, esencialmente, obedece a que, como hemos señalado, el artículo 23 del Decreto Ley 7 de 2008 establece como principio rector que la Carrera del Servicio Nacional Aeronaval es de “carácter policial”. De ahí que el ingreso al régimen de carrera este supeditado a un proceso de reclutamiento y selección de los aspirantes (artículo 69 y 75.2 del Decreto Ejecutivo 104 de 2009) que como ya se dijo, provengan de las escuelas o academias de formación aérea o naval y, por lo tanto, cumplan con los requisitos de ingreso dispuestos en el artículo 71 lex cit, esto es, la formación policial básica según el cargo, el agente sea Agente o Subteniente, además de los requisitos establecidos en el artículo 27 del Decreto Ley 7 de 20 de agosto de 2008”

Sentencia de 26 de diciembre de 2014. Caso: Felipe Moreno Rojas c/ Ministerio de Gobierno y Justicia. Registro Judicial, diciembre de 2014, p. 1315.

Texto del fallo