Finalidad de las prestaciones originadas de la muerte del asegurado

 

Expuesto lo anterior esta Superioridad considera oportuno destacar que las prestaciones económicas originadas de la muerte de un asegurado tienen como fin otorgar una compensación a aquel familiar que adquiere un estado de singularidad y soledad producto de la perdida de la persona con quien se casó o convivio durante un periodo de cinco (5) años anteriores al fallecimiento.

El estado de viudez de la señora López de Flynn ha sido corroborado por las autoridades de la Caja del Seguro Social así como la cotización de ciento dos (102) cuotas mensuales por parte del asegurado Flynn Vicensini. Basado en estos dos aspectos, la entidad demandada reconoció mediante la Resolución N.° 2379 de 2 de febrero de 2008 que la peticionaria reunía los requisitos legales para acceder a una pensión de sobreviviente.

Sentencia de 7 de agosto de 2012. Caso: Rafaela Antonia López c/ Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

Texto de fallo

Autoridad competente en la determinación del monto de las prestaciones

 

Por consiguiente, es la Caja de Seguro Social y no los jueces y magistrados de la jurisdicción civil, la entidad administrativa facultada por ley para determinar el monto de las obligaciones o prestaciones derivadas de un accidente de trabajo, las cuales correrán a cargo del patrono, por la omisión de este último en inscribir al trabajador en el régimen obligatorio de seguro social.

Sentencia de 27 de abril de 2010. Caso: Construcciones Electromecánicas, S.A. c/ Caja de Seguro Social.

Texto de fallo

Pueden acogerse a la jubilación que más les favorece

 

La Sala considera que no existe fundamento jurídico alguno que sustente el procedimiento mediante el cual la Caja de Seguro Social no permite a sus asegurados acogerse a la jubilación que más les favorece. Más aún, ante el vacío normativo, la Sala considera que la Caja de Seguro Social está obligada a pagar pensiones de vejez normal a favor de aquellos servidores públicos jubilados que han seguido cotizando con posterioridad a una jubilación especial, si esas nuevas aportaciones originan mejores prestaciones en dinero.

Sentencia de 26 de agosto de 1996. Caso: Raúl Trujillo miranda c/ Caja de Seguro Social. Registro Judicial, agosto de 1996, p. 351.

Texto de fallo

Competencia para clasificar empresas y asignar el grado de riesgo

 

Para resolver, la Sala entra a considerar en primer lugar, la facultad de la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social para efectuar la clasificación de las empresas y la asignación del grado de riesgo en la respectiva clase. En relación a ello, se observa que en el artículo 19 del Acuerdo N.º 2 por el cual se dicta el Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y Recaudos de Seguro de Riesgo Profesionales, se le asigna a la Dirección de Riesgos Profesionales dicha función bajo la aprobación de la Comisión de Clasificación de Empresas. El artículo en mención, nos remite a su vez a los artículos 63 y 64 parte final del Decreto de Gabinete N.º 68 de 1970, donde se prevé claramente la competencia de dicha comisión para efectuar la clasificación y la asignación del grado de riesgo en la clase que corresponda, para los efectos de la fijación de las primas del Seguro de Riesgos Profesionales a que alude el artículo 49 del mismo decreto.

Sentencia de 30 de octubre de 1995. Caso: Textiles La Chorrera c/ Caja de Seguro Social. Registro Judicial,octubre de 1995, p. 412-413.

Texto de fallo

 

Para que adquiera valor probatorio debe presentarse debidamente autenticada

 

Al respecto cabe señalar, que si bien la Ley 135 de 1943, como ley especial, rige sobre los negocios que se ventilan ante esta Superioridad, no hay que perder de vista que el Código Judicial debe ser aplicado de manera supletoria para aquellas situaciones en el proceso que no son reguladas por la ley contenciosa. De ahí que, en materia probatoria es aplicable lo dispuesto por el artículo 833 del Código Judicial, que establece que la prueba documental puede ser aportada en copia, y en ese caso, para que adquiera valor probatorio deberá presentarse debidamente autenticada, entendiéndose con ello, que la misma debe contar con la certificación del funcionario encargado que sirva para dar fe que dicha reproducción es fiel a su original que se encuentra bajo su custodia.

Lo anterior supone que el funcionario custodio del original, hará constar a través de una certificación con su firma, que en efecto se ha emitido una copia auténtica del acto impugnado (en este caso), y en todo caso, corresponde al apoderado judicial cerciorarse de dicha autenticación en vista de la exigencia por parte de la Sala de este requisito de admisibilidad, sobre el cual se ha emitido reiterada jurisprudencia, en la que se ha declarado defectuosa aquella demanda que no cumple con el mismo, basándose en el contenido del artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

Auto de 29 de septiembre de 2008. Jaime Antonio Ruíz c/ Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

Texto de fallo