TRIBUTOS

Cabe señalar que, los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado y exigidas por la administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible, por parte de quienes según la Ley tienen el deber de contribuir al cumplimiento de su obligación de tributar, de acuerdo a la Ley Tributaria. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público para el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los asociados.

Se entiende entonces que un tributos es una prestación patrimonial de carácter público, exigida a las personas naturales y jurídicas, y es por esa razón que cuando el legislador crea un impuesto se base en la capacidad contributiva de los sujetos que deben soportar su carga, de acuerdo a los ingresos, pues los impuestos son solidarios.

Sentencia de 2 de octubre de 2015. Proceso Demanda de Inconstitucionalidad. Caso Colegio Nacional de Abogados, la Federcaión de Asociaciones de Panamá (FEDAP), Unión Nacional de Abogados (UNA), Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (CINAP), Colegios de Contadores Públicos Autorizados de Panamá y de la Sociedad Panameña de Ingenieros de Arquitectos (SPIA), contra varias frases o términos del artículo 1057-V del Código Fiscal .

Texto del Fallo

…las ” Instituciones de Garantía”, desprendiéndose de los artículos 190 y 191, dos garantías, el principio de legalidad y la responsabilidad del Estado, que pueden hallarse sintetizadas en la frase del jurista francés, Maurice Hauriou, que expresa: “Hay dos correctivos de la prerrogativa de la Administración que reclama el instituto popular: que la Administración actúe, pero que obedezca a la Ley; que actúe, pero que pague el perjuicio”. En este origen constitucional de la esfera contencioso a panameña, la función de aquella era más bien revisora de la legalidad y no de carácter reparativo, y las responsabilidades, a que hubiese lugar eran de conocimiento de la jurisdicción civil. Esta concepción ha sido superada y ha ido evolucionando constitucional y legalmente.

Sentencia de 25 de agosto de 2025. Objeción de inexequibilidad Laurentino Cortizo Cohen c Proyecto Ley 727 de 2021 “Que ordena el pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983 a los servicios públicos y trabajadores del sector privado, que laboraron durante ese período”. 18382

Texto del Fallo

Delitos contra los derechos de autor

 

Se desprende de lo estipulado en estas disposiciones que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N.° 35 de 1996 y la Ley N.° 31 de 1998, en los delitos contra los derechos ajenos, como lo es el derecho de autor, sólo podía iniciarse la acción penal mediante acusación formal del ofendido. Sin embargo, con la entrada en vigencia de estas leyes, la acción penal puede ejercitarse de oficio o mediante denuncia.

El texto del artículo 173 de la Ley 35 de 1996 es claro al incluir dentro de los delitos de instrucción sumarial oficiosa, aquellos contra los derechos de autor o derechos conexos, lo que significa que los agentes del Ministerio Público pueden instruir de oficio el sumario y que cualquier persona que tenga conocimiento del hecho también puede denunciarlo. Por su parte el artículo 221 de esta misma ley elimina del listado de delitos que requieren acusación formal del ofendido para el inicio de la acción penal, los delitos contra los derechos ajenos.

Sentencia de 26 de marzo de 1999. Caso: Francisco Javier Mata c/ Ministerio de Educación.

Texto del fallo

No constituyen títulos ejecutivos sin la firma de quienes intervienen el acto

 

Para que un instrumento público sea válido y constituya título ejecutivo debe contener las firmas de quienes han intervenido en el acto, para dar fe del compromiso adquirido. En este sentido, no se puede aceptar lo argüido por el Banco de que el simple hecho de que el notario hizo constar la presencia del señor EDUARDO ELIAS GUTIERREZ SOLIS, quien se manifestó garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones plasmadas en la Escritura Publica precitada a favor de GONZALO GUTIERREZ SOLIS, lo obliga a cumplir con dicho acuerdo, dado que claramente se ha podido verificar que no consta su firma en el instrumento público antes citado.

 Auto de 14 de enero de 1993. Caso: Eduardo Elías Gutiérrez Solís c/ Banco Nacional de Panamá.

Texto de Fallo

Debemos señalar que la insubsistencia en el cargo, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala Tercera, en numerosas oportunidades, es la potestad de la autoridad nominadora para declarar la insubsistencia de servidores públicos por razones de reorganización administrativa, indicando que ello es posible, sin que medio ninguna causa disciplinaria, siempre que se trate de funcionarios no protegidos por un régimen de estabilidad, como el de la Carrera Administrativa.

Agregamos que, es fundamental que esa facultad de disponer de un cargo declarando la insubsistencia debe estar contemplado en la ley especial aplicable a la relación, pues de lo contrario estaríamos ante un supuesto de simulación, para encubrir lo que en realidad es una destitución del funcionario.

Vemos que otro aspecto planteado por la autoridad para justificar su decisión de declara insubsistente en el cargo al funcionario, fue que se trataba de un funcionario de libre nombramiento y remoción, y que se estaban haciendo reestructuraciones técnico administrativas que demandaron la toma de esa decisión.

Primeramente, debemos señalar que esta forma de cesar las funciones del funcionario no está prevista en la ley orgánica que rige a la Institución, por lo tanto, se constituye en una figura aplicada a una relación para la cual no estaba previsto ese supuesto. Como tal, debe entenderse, entonces, que lo acaecido se convierte en una destitución, que no cumplió con las previsiones o procedimientos legales dispuestos para estos casos.

Por otro lado, en el tema de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, esta Sala ha sostenido que la posibilidad de comprender a un funcionario dentro de esa categoría, cuya permanencia en el cargo estuviere condicionada a la confianza de la autoridad nominadora.

Sentencia de 17 de septiembre de 2015. Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción AMNH c Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía. 17832.

Texto del Fallo