En consecuencia, la figura del silencio administrativo en este caso negativo, se encuentra estrictamente ligada a la omisión o la inactividad de la administración pública frente al deber de evitar mayores perjuicios en contra de los administrados, de manera tal que se busca que las entidades estatales no incurran en la paralización lesiva de los correspondientes trámites a favor o en beneficio de los administrados.

Visto lo anterior, considera esta Corporación de Justicia que se ha acreditado la existencia del Silencio Administrativo Negativo en contra del Ministerio de Obras Públicas con motivo de no contestar dentro del término de los dos (2) meses que establece la Ley 38/2000, a la solicitud formulada el día 25 de febrero de 2019, al igual que retardar u omitir las correspondientes gestiones periódicas o continuas para reconocimiento y cancelación de los intereses moratorios causados al no realizarse a tiempo, los pagos adeudados con posterioridad al vencimiento de cuentas propias del Contrato No. AL-1-69-10 y el Pliego de Cargos, presentado originalmente ante el Ministerio de Obras Públicas el día 25 de febrero de 2019.

Sentencia de 04 de agosto de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Constructora Urbana, S.A. c Ministerio de Obras Públicas.

Texto del Fallo

La motivación no solo forma parte integral del debido proceso, sino que además, es un elemento esencial de los actos administrativos.

Cuando analizamos el extracto transcrito, podemos dar cuenta que el mismo no hace ningún desarrollo tendiente a explicar la forma en que supuestamente se dieron las infracciones, que a la postre, sirvieron de sustento para la emisión de la acción de personal dirigida a desvincular a la actora.

Como se observa, la resolución en cuestión se limita a indicar que la demandante incurrió en las faltas contenidas en los numerales 4, 6 y 15 del artículo 297 de la Resolución de la Junta Directiva No. 004-12 de 10 de septiembre de 2012; sin embargo, no detalla cuales fueron las conductas desplegadas, ni el momento y forma en que se dieron, ni las pruebas que sirvieron de sustento para la adopción de dicho criterio, ni ningún otro razonamiento no dirigido a acreditar la efectiva comisión de la falta y la respectiva vinculación de la actora.

Sentencia de 03 de agosto de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción G.E.C.M. c Universidad Marítima de Panamá.

Texto del Fallo

Al comparar esta norma (Ley 6 de 2002) con el artículo segundo de la Resolución N° 39 de 29 de junio de 2020, que clasifica y declara la información de acceso restringido advertimos que la documentación enlistada en esta reglamentación se encuentra vinculada con información relativa a la seguridad nacional, ya sea que se encuentre en su etapa investigativa, las novedades operacionales nacionales e internacionales que inciden en temas de seguridad en los que el Servicio Nacional Aeronaval sea parte; por consiguiente, consideramos que no se produce la alegada violación a la Ley 6 de 2002.

De lo expuesto, se concluye que el caso bajo estudio no se configura la alegada violación a los numerales 2, 10, 11, 12 y 13 del artículo 1 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, porque igualmente es imperativo reconocer que, al lado de estos postulados de libertad de información, acceso público, publicidad, rendición de cuentas y transparencia, esta Ley reconoce la información confidencial y la información de acceso restringido.

Y en el presente caso, el Servicio Nacional Aeronaval ha clasificado información de la dispone en información confidencial y de acceso restringido por conformar parte de un estamento de seguridad nacional.

Sentencia de 26 de julio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad J.G. c Servicio Nacional Aeronaval.

Texto del Fallo

Se concluye que el Parque Nacional Coiba, creado por la Ley 44 de 2004, como patrimonio nacional, pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con fines de conservación, recreación, educación e investigación; zona geográfica que posee particularidades por las especies de flora y fauna que alberga. Su administración está confiada a un Consejo Directivo, quien tiene entre sus atribuciones, el cuidado del Parque y el control de los fondos a este bajo la supervisión de la Contraloría General de la República; además, establece las políticas de conservación y el uso sostenible del Parque, por lo cual apoyará al Ministerio de Ambiente en la promoción de las inversiones necesarias y requeridas para el desarrollo de la investigación científica, del ecoturismo y educación ambiental, fines para los cuales se estableció que no está sujeto al principio de caja de única del Estado.

Sentencia de 18 de julio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad CIAM y PROMAR c Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.

Texto del Fallo

Los intereses de los consumidores ya sean individuales o colectivos serán protegidos por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia como derecho fundamental consagrado en la Constitución y en aplicación de la ley sustantiva que tutela tales derechos, a través de procedimientos administrativos que estarán a disposición de los consumidores y mediante los cuales se concreta el papel de fiscalización y vigilancia para lo cual fue creada dicha autoridad.

Sentencia de 20 de julio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad S.G.G. c Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Texto del Fallo