Controversias relacionadas con la propiedad intelectual

 

Luego entonces, si la solicitud de cancelación de las inscripciones de las obras, interpretaciones y ejecuciones musicales hechas a favor del señor Milton Vargas, fue presentada ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor el 21 de febrero de 1997 y para esta fecha estaba vigente el artículo 141 de la Ley 29 de 1996 que asignaba el conocimiento de este tipo de controversias a los juzgados de circuito creados por ella (y mientras éstos se instalaban, a los juzgados de circuito civiles correspondientes), es claro que esa dependencia del Ministerio de Educación carecía de competencia para conocer y decidir dicha controversia. Esta afirmación de la Sala la corrobora el parágrafo transitorio de la misma norma, cuando señala que “Las normas procesales establecidas en esta Ley son de efecto inmediato”, como es el caso del numeral 3 y del parágrafo primero del artículo 141 ibídem.

Sentencia de 11 de julio de 2002. Caso: Publitrés, S.A. c/ Ministerio de Educación.

Texto del fallo

Delitos contra los derechos de autor

 

Se desprende de lo estipulado en estas disposiciones que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N.° 35 de 1996 y la Ley N.° 31 de 1998, en los delitos contra los derechos ajenos, como lo es el derecho de autor, sólo podía iniciarse la acción penal mediante acusación formal del ofendido. Sin embargo, con la entrada en vigencia de estas leyes, la acción penal puede ejercitarse de oficio o mediante denuncia.

El texto del artículo 173 de la Ley 35 de 1996 es claro al incluir dentro de los delitos de instrucción sumarial oficiosa, aquellos contra los derechos de autor o derechos conexos, lo que significa que los agentes del Ministerio Público pueden instruir de oficio el sumario y que cualquier persona que tenga conocimiento del hecho también puede denunciarlo. Por su parte el artículo 221 de esta misma ley elimina del listado de delitos que requieren acusación formal del ofendido para el inicio de la acción penal, los delitos contra los derechos ajenos.

Sentencia de 26 de marzo de 1999. Caso: Francisco Javier Mata c/ Ministerio de Educación.

Texto del fallo