Se deduce del artículo 7 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, en concordancia con las otras disposiciones de esa Ley, que la potestad que se le otorga al director General de Ingresos y, en definitiva, al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para fijar el criterio interpretativo de cualquier norma fiscal, entre ellas, las que regulan los incentivos tributarios, cuando las circunstancias así lo exigen, ha de hacerse en función de la finalidad que propenden dichas normas, coadyuvando para ello los datos e informes que suministren los organismos técnicos, a los que le compete examinar y evaluar si los objetivos económicos que se persiguen en ese ramo de la legislación han sido logrados o si su repercusión económica es negativa o son inadecuados a sus propósitos.
Sentencia de 28 de diciembre de 1971. Proceso: Plena jurisdicción. Partes: Compañía de Productos de Arcilla, S.A. c. Dirección General de Ingresos. Acto impugnado: Resolución 24 D.G.I. de 21 de diciembre de 1970. Magistrado ponente: Ricardo Valdés. Registro Judicial, agosto-diciembre de 1971, p. 812.