Ver ESTABILIDAD LABORAL
El instituto de la inamovilidad constituye una de las garantías del funcionario público en general. Dejar que éste sea transferido, o removido o “dimitido” al libre arbitrio de la Administración, a no ser en los casos expresamente previstos por la ley, sería tanto como permitir que el Estado aplicara sanciones indirectas por motivos políticos, religiosos o personales. La inamovilidad es una condición necesaria para un correcto y digno ejercicio del cargo público.
La inamovilidad en el puesto de trabajo puede ser reconocida, excepcionalmente, en los casos en el que el propio ordenamiento jurídico así lo reconoce; es decir, en los que la Ley otorgue una protección laboral producto de una condición inherente al funcionario, que haya sido acreditada, como lo es el fuero por discapacidad invocado.
Sentencia de 13 de junio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción J.M.J. c Ministerio de Seguridad Pública.
Se puede definir la estabilidad laboral de un servidor públicos, como la inamovilidad del cargo de la que goza un funcionario, en la que se garantice que no puede ser removido de su puesto de trabajo discrecionalmente, salvo que medie una causa justificada o previa instauración de un Procedimiento Disciplinario.
Sentencia de 5 de enero de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción C.A.V.R. c Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Esta Colegiatura estima oportuno aclarar que a los funcionarios que carecen de inamovilidad o estabilidad reconocida por ley, para que la Administración Pública pueda removerlos o cesarlos en sus labores, no necesariamente resulta obligatorio que se les entable un proceso disciplinario, ya que estos, generalmente, aplican para aquellos servidores públicos con carrera administrativa o una similar, que hayan incurrido en una falta administrativa preestablecida en la ley; y, de forma excepcional, a funcionarios de libre nombramiento y remoción, siempre que hayan cometido una causal para su destitución.
De igual manera, el revisar el acto administrativo impugnado se puede apreciar que, contrario a lo expuesto por el demandante, el mismo cumple con los presupuestos de motivación consagrados en la Ley, pues en sus “consideraciones” se detalla con claridad la justificación de la decisión asumida por la entidad demandada, indicando en detalle las normas legales que respaldan tal actuación, el reconocimiento de las prestaciones económicas que por ley le corresponden a la ex funcionaria, así como los recursos legales que podía utilizar contra dicho acto, en el ejercicio de su derecho de defensa.
Sentencia de 25 de agosto de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción S.M.R.P. c Ministerio de la Presidencia.