Por ello, para una mejor comprensión, respaldamos lo antedicho en los siguientes conceptos:

“Discapacidad física: La discapacidad física se puede definir como la resultante de una deficiencia física, que posee la persona que al interactuar con el entorno, se ve limitado su desempeño motor. Se consideran las situaciones donde la persona tiene alguna alteración de sus extremidades, la falta de alguna, o el uso de implementos (prótesis, andaderas, bastones, otros) que le permiten su desempeño funcional.

Al momento de certificar esta condición en la persona, se toma en cuenta la valoración de las funciones de las estructuras corporales, actividad y participación, factores contextuales, que incluyen los personales y ambientales.

Discapacidad visceral: Referente a deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los sistemas: cardiovasculares, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino y genitourinario que limitan la realización de tareas o acciones en un contexto normalizado.” (https://discapacidad.css.gob.pa/discapacidad-y-genero/).

Sentencia de 12 de febrero de 2026. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción EEEJ c Municipio de Arraiján.

Texto del Fallo

No obstante, al tratarse de un servidor judicial que no pertenece al régimen de Carrera Judicial, como sucede en este caso, el contenido exigible del debido proceso no se equipara al de un procedimiento disciplinario sancionador, puesto que no se está juzgando ni sancionando una falta en ese marco.

En estos casos, el estándar se satisface, de manera general, con la debida notificación del acto y el acceso a los mecanismos de impugnación y control jurisdiccional, sin que sea indispensable para la validez del acto, un procedimiento previo de investigación disciplinaria.

Sentencia de 9 de febrero de 2026. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción DDHM c Juzgado Municipal Mixto del Distrito de San Carlos.

Texto del Fallo

De allí que cobra importancia, para que sea efectivo el contradictorio dentro del derecho de defensa, el derecho a ser informado de la acusación, el cual se erige en la doctrina de los autores europeos como un ‘derecho subjetivo público fundamental, instrumental del derecho de defensa, del que son titulares los sujetos pasivos del procedimiento sancionador y que confiere a los mismos, el derecho de conocer, con carácter previo, a las fases de alegación y prueba, el contenido de la acusación dirigida contra ellos, la cual habrá de fundamentar la resolución definitiva del procedimiento en la misma acusación, sin que resulte imposible imponer una sanción en base a otros hechos distintos a un título de condena heterogéneo a los respectivamente trasladados al conocimiento del inculpado.’ (OSSA ARBELAEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Una aproximación dogmática. Editorial Legis. Segunda Edición, 2009.página 631).

Sentencia de 05 de febrero de 2026. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción EFAR c Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Texto del Fallo

…esta relación considerada a nivel jurisprudencial de tracto sucesivo, es decir que no finaliza con la entrega del dinero del crédito en cuestión, es importante que el consumidor reciba de la entidad bancaria información transparente y veraz de los descuentos a los que tiene derecho y que expresamente se le indiquen el alcance de éstos durante la relación con la entidad bancaria, más allá de un análisis financiero que pueda tener la entidad bancaria sobre lo que puede ser favorable o no para el cliente, ello no resulta eficaz si el consumidor desconoce o no tiene claridad meridiana de que en efecto, este beneficio le es favorable.

Sentencia de 9 de febrero de 2026. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción. Banco Nacional de Panamá c Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

Texto del Fallo

En ese sentido, dentro de un contrato bancario como el que ocupa nuestra atención, no podría interpretarse que los beneficios de los jubilados y los derechos de éstos prescriban después de iniciada la relación económica entre el agente bancario y el jubilado o pensionado, pues se le coartaría la posibilidad a que este último pueda reclamar la aplicación efectiva de los intereses o comisión de cierre de un préstamo personal durante el tiempo que persista la obligación crediticia entre ambos; de ahí que este tipo de figuras contractuales no se perfeccionan con la entrega del dinero por parte del banco, sino que son extensivas hasta la culminación del plazo establecido para el préstamo.

Lo anterior, obedece a que los derechos y obligaciones de ambas partes son de tracto sucesivo; es decir, que surgen desde el nacimiento de la relación, hasta la extinción de la misma o hasta el momento de vencimiento del plazo establecido para la cancelación del préstamo, que en el caso bajo examen estaba programado para el mes de julio de 2024.

Sentencia de 9 de febrero de 2026. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción. Banco Nacional de Panamá c Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

Texto del Fallo