De este Contrato de Cesión, en lo pertinente al análisis que se viene surtiendo, conviene destacar inicialmente y de sus “DEFINICIONES”, la del “Mercado Mayorista de Electricidad” que se describe como “el conjunto de operaciones que realizan los Participantes del Mercado en el ámbito mayorista de energía, potencia y servicios auxiliares. Abarca el mercado ocasional y el mercado de contratos que crean las leyes de electricidad de la República de Panamá, las compensaciones diarias de potencia y las transacciones por Servicios Auxiliares”.

Asimismo, se define al “Participante del Mercado” como “toda empresa que opera comercialmente en el Mercado Mayorista de Electricidad y entrega o toma energía eléctrica del sistema”

Sentencia de 6 de febrero de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Elektra Noreste, S.A. c Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Texto del Fallo

En relación al segundo argumento en el que se sustenta la alzada, se hace necesario un análisis de lo estipulado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, el cual señala que para ocurrir en demanda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, es necesario que los actos administrativos impugnados sean “actos o resoluciones definitivas, o providencia de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan termino o hagan imposible su continuación”.

En ese sentido, conforme lo prevé la norma citada, los actos administrativos susceptibles de ser impugnados ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, son aquellos que causan estado, lo que a todas luces se presenta en este caso.

Auto de 29 de septiembre de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Laguadela, Corp. c Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

Texto del Fallo

En ese orden de ideas debemos señalar que el Décimo Tercer Mes es una bonificación especial que estableció el Legislador como un derecho adicional que reciben anualmente los trabajadores del sector privado y los servidores públicos, la cual debe pagarse en tres partidas proporcionales, la primera el 15 de abril, la segunda el 15 de agosto y la última el 15 de diciembre. Este derecho adquirido surgió a través del Decreto de Gabinete No. 221 del 18 de noviembre de 1971 y la Ley No. 52 de 16 de mayo de 1974, modificada por la Ley No. 133 de 31 de diciembre de 2013, para beneficiar a los trabajadores por su desempeño y contribución laboral.

Sentencia de 12 de enero de 2024. Acción de Inconstitucionalidad contra los numerales 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 52 de 16 de mayo de 1974, conforme quedó modificado por la Ley 133 de 31 de diciembre de 2013.

Texto del Fallo

Frente al debate jurídico planteado, es preciso indicar que el artículo 65 de la Ley 135 de 1943, establece que una vez firme, la sentencia debe comunicarse a la autoridad o funcionario correspondiente, con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cumplimiento, si fuere el caso.

Auto de 7 de febrero de 2024. Solicitud de Desacato A.G.V. c Ministerio de Salud.

Texto del Fallo

Para comprender lo anteriormente expuesto, es preciso recordar que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 4 del citado artículo 43 de la Ley 135 de 1943, exige de parte de la demandante, la transcripción de las normas que se consideran violadas y una explicación lógica, coherente y detallada acerca de la forma en que el acto, norma o resolución acusado de ilegal viola el contenido del precepto jurídico que se estima conculcado. El cumplimiento de este requisito es necesario en toda demanda contenciosa-administrativa, sea de nulidad o de plena jurisdicción, a fin de que se ilustre a la Sala acerca de las infracciones que se alegan y la sola omisión del mismo, produce la inadmisión de la demanda.

En ese sentido, este Tribunal ha expresado en reiteradas ocasiones que el proceso contencioso-administrativo gira en torno al estudio de la legalidad de las normas que la parte alega como violentadas, y el concepto en que explica cómo se dio dicha infracción. Motivo por el cual, se hace necesario que la demandante exprese la disposición o disposiciones legales, en forma particularizadas, que se estimen violadas por el acto recurrido y exponerse de manera clara, suficiente y razonada el concepto de la violación respecto de cada una de ellas. La omisión de tal requisito imposibilita al Tribunal el estudio del caso, al no poder verificar el cargo especifico de la supuesta violación del acto impugnado, norma por norma.

Auto de 8 de noviembre de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción M.G.C.C. c Caja de Seguro Social.

Texto del Fallo