Incumplimiento de obligaciones derivadas de contratos públicos

 

Mediante Auto N° 69-6 de 24 de mayo de 2001, la entidad bancaria, en virtud de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos públicos suscritos y del contrato de línea de crédito a corto plazo para capital de trabajo, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de los excepcionantes y decretó el embargo “…sobre cualesquiera sumas de dineros que la sociedad CONSTRUCTORA URUPAN, S.A. deba recibir en cualquier concepto de la Compañía Internacional de Seguros, S.A.; sobre cualesquiera sumas de dinero, valores, prendas, bonos, joyas, acciones, cajilla de seguridad y demás bienes que mantengan depositados los demandados…y sobre cualesquiera vehículos y equipo rodante que aparezcan inscritos a su nombre… hasta la concurrencia de la suma de DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 95/100 (B/.17,799.95) en concepto de capital; SEISCIENTOS SETENTA Y TRES BALBOAS CON 30/100 (B/.673.30), en concepto de intereses, más los gastos de cobranza que se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00), todo lo cual asciende a la suma de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES BALBOAS CON 25/100 (B/.18,673.25), en concepto de capital, intereses y gastos de cobranza, más los intereses que se sigan causando hasta el completo pago de la obligación…” (ver fojas 79 y 80 del expediente de antecedentes).

Sentencia de 27 de febrero de 2004. Proceso ejecutivo por cobro coactivo. Caso: Banco Nacional de Panamá c/ Constructora Urupan S.A., Juan José Dorsi Linaro y Alberto Ramos Greco.

Texto del fallo

Multas por tala ilegal

 

El hecho de que las multas a imponer como sanción a la tala ilegal de manglar se hayan rebajado de esta vertiginosa manera por parte del acto acusado, efectivamente podría atentar contra el medio ambiente, específicamente el ecosistema de los manglares, ya que al ser la sanción por tala de mangle muchísimo más leve, aunado a la disminución sustancial en el costo de los permisos para la tala de bosque de manglar en proyectos comerciales, podrían producirse daños irreversibles para este delicado ecosistema.

Sentencia de 1 de abril de 2016. Caso Juan Ramón Sevillano y Rivera, Bolívar y Castañedas c/ Autoridad de los Recursos Acuáticos.

Texto de Fallo

Requisitos del Cargo

 

La Sala aprecia que la apoderada judicial del actor incurre en un error al pretender que a su representado sólo se le exija el  cumplimiento de los requisitos del cargo que establece el Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público, más no así, los que contempla el Manual Institucional de Clases Ocupacionales del Ministerio de Comercio e Industrias. Es conveniente aclararle a la parte actora, que mientras el primero de estos instrumentos establece requisitos genéricos para los distintos cargos (por ejemplo, Título universitario o Licenciatura, sin especificar de qué tipo), el segundo, señala concretamente la clase de Licenciatura o de especialidad que se requiere para poder ocupar determinado puesto público. De ello, se desprende, pues, que no basta llenar los requisitos que el Manual General consigna, sino que es necesario cumplir con los requisitos  específicos  que las entidades fijan para cada cargo, según la naturaleza  de las tareas del cargo, su complejidad, responsabilidad, experiencia y educación requerida.

Sentencia de 29 de enero de 2004. Caso: Jaime Carles c/ Dirección General de Carrera Administrativa.

Texto del fallo

Concepto

 

En cuanto a la motivación del acto administrativo, Ramón Parada en su obra Derecho Administrativo I: Parte General, la conceptualiza de la siguiente manera:

“Se entiende que un acto administrativo se encuentra motivado en el caso en que su parte dispositiva o resolutiva  establezca de forma clara,  expositiva y detallada de motivos, razones  o fundamentos que justifican la Administración Pública adopte una determinada decisión en base a lo contemplado previamente en la Ley” (Parada, Ramón. Derecho Administrativo I: Parte General, 17ava edición, España, Editorial Marcial Pons, 136-137).”

 Sentencia de 4 de abril de 2016. Caso: Renzo Sánchez c/ Instituto Nacional de Cultura.

Texto de Fallo

Infracción de la ley por disminución del importe de la sanción

 

La Resolución atacada, revela una lesión al ordenamiento jurídico en perjuicio del interés colectivo, toda vez que la misma aprueba nuevas tasas y cobros por servicios que presta la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. En concreto, se aprecia la modificación en la disminución del importe de tasas y multas, así como la supresión e introducción de otras tasas y multas no establecidas en la Resolución J.D. No.1 de 2008.

Sentencia de 1 de abril de 2016. Caso Juan Ramón Sevillano y Rivera, Bolívar y Castañedas c/ Autoridad de los Recursos Acuáticos.

Texto de Fallo