La Constitución y la Ley están destinadas no sólo a la protección del derecho del comerciante, sino también y muy esencialmente de la colectividad. Es por ello que la reglamentación sobre venta y publicidad de productos como cigarrillos está sometida a ciertas restricciones, con el propósito de proteger la vida y salud de la población, que es uno de los fines esenciales del Estado. Por tanto, en esta etapa incipiente del proceso, la Sala Tercera, para resolver adecuadamente sobre la procedencia de ordenar la suspensión provisional del acto administrativo demandado, debe ponderar si prima facie, la medida atacada entraña una violación al orden legal objetivo en perjuicio de la colectividad.
Auto de 13 de septiembre de 1999. Caso: Elio José Camarena c/ Ministerio de salud.