La Sala Tercera resolvió, en auto de 23 de julio de 1999, declarar no probado el incidente presentado, al señalar que el Procurador General se encuentra legalmente facultado por el artículo 347 numeral 3 del Código Judicial, para promover y sostener los procesos necesarios en defensa de los bienes e intereses del Estado. Este funcionario a su vez, podía delegar la autorización conferida por el Órgano Ejecutivo para instaurar la presente acción de nulidad, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 346 del Código Judicial.
Por ende, y siendo que el Jefe del Ministerio Público convino en delegar tal atribución a la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial, cuya sede territorial se encontraba en el área geográfica donde se ubica la finca cuya adjudicación se impugno, lo procedente era negar el incidente presentado.
Sentencia de 27 de octubre de 2000. Caso: Fiscalía Superior de Distrito Judicial c/ Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.