Pues bien, los problemas de validez e impugnación de la actividad administrativa, giran en torno al Principio que establece que: puede atacarse mediante un recurso administrativo aquel acto de la administración que sea apto para producir efectos jurídicos inmediatos respecto del impugnante; todo acto de la administración (o no) que de suyo no sea apto para producir efectos jurídicos, no es todavía directamente impugnable en cuanto a su validez; la noción de acto administrativo debe entonces recogerse desde ese principio y restringirse, a aquellos actos aptos para producir efectos jurídicos en forma inmediata.
Sentencia de 12 de marzo de 2015. Caso: Yasmina Delfina Santiago Rodríguez c/ Ministerio de Educación. Registro Judicial, marzo de 2015, p. 1434.