Es recurrible ante la Sala Tercera si agota la vía gubernativa

 

Estima el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) que no le asiste la razón al recurrente ya que la resolución impugnada es un acto administrativo recurrible en la vía contencioso administrativa, máxime cuando contra la misma se interpusieron los recursos correspondientes para agotar la vía gubernativa. Por otro lado, si bien es cierto que la Sala ha sostenido el criterio de que las resoluciones de reparos emitidas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial tienen el carácter de actos preparatorios y por ende, no son susceptibles de impugnación en la vía contencioso administrativa, también es cierto que en el presente negocio la resolución impugnada no fue emitida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial en desarrollo del procedimiento establecido en el Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990 (Por el cual se crea la D.R.P. y se adopta su procedimiento) como lo alega el Procurador de la Administración, sino que fue expedida por la Contraloría General de la República, lo cual apoya la tesis de la parte actora, en el sentido de que se trata, pues, de un acto administrativo impugnable ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema. (…)

Auto de 10 de diciembre de 1993. Caso: Susana Richa de Torrijos c/ Contraloría General de la República.

Texto de Fallo

Finalidad

 

De lo antes transcrito se deduce que el proceso contencioso administrativo de protección de derechos humanos tiene por objeto “evitar que los miembros de los diferentes órganos del Estado, mediante actos administrativos, puedan lesionar derechos humanos justiciables.” (HOYOS, Arturo, Justicia Contencioso Administrativa y Derechos Humanos, Instituto Panameño de Derecho Procesal, p. 33).

En consecuencia, las acciones contencioso administrativa de protección de derechos humanos solo pueden dirigirse contra actos administrativos que lesionen derechos humanos justiciables

 Sentencia de  22 de mayo de 2000. Caso: Nicolás Acosta c/  Fiscal Segundo de Drogas.

Texto de fallo

Son los que deciden el fondo del asunto

 

En ese sentido, vale la pena recordar que la doctrina de esta Sala ha sostenido que “La acción de plena jurisdicción ha sido concebida en nuestra legislación contra actos administrativos individuales y personales que afectan derechos subjetivos. El acto administrativo acusado de ilegalidad vía recurso de plena jurisdicción debe entonces, conformarse mediante una decisión o declaración administrativa que produzca efectos jurídicos”.

De ahí que “la doctrina sentada por esta Sala Tercera, identifica que dichos actos Administrativos recurribles mediante la acción comentada, son aquellos de carácter definitivo; lo que quiere significar que “…son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, es decir, que causan estado. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le permite producir derecho y obligaciones y lesionar o favorecer por el mismo al particular” (Cfr. Auto de 17 de septiembre 2006).

Auto de 5 de febrero de 2013. Caso: Hernán Alba Espino vs. Procuraduría General de la Nación.

Texto del fallo

No son acusables ante el contencioso administrativo de protección de derechos humanos

 

De igual forma, destacamos que en este caso en particular, la acción está encaminada a anular un acto dictado por una autoridad municipal como lo es la orden verbal emitida por el Alcalde del Distrito Capital, la cual no es acusable ante la jurisdicción contenciosa-administrativa por tratarse de un acto emitido por autoridad municipal y no nacional, en atención al contenido del artículo 28 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 97, numeral 15 del Código Judicial. En tal sentido, conviene recordar que el artículo 97 del Código Judicial establece, entre las competencias asignadas a la Sala Tercera de la Corte, el conocer de los procesos contencioso administrativos de protección de derechos humanos, mediante los cuales el Tribunal “podrá anular actos administrativos expedidos por autoridades nacionales, y si procede, restablecer o reparar el derecho violado, cuando mediante dichos actos administrativos se violen derechos humanos justiciables previstos en las leyes de la República…” (Artículo 97 numeral 15 del Código Judicial)

Auto de 28 de enero de 2008. Caso: César Enrique Segura vs. Alcaldía del Distrito Capitaly Corregiduría de San Francisco.

Texto del fallo

Debe dirigirse contra actos que deciden el fondo del asunto

 

… se desprende entonces que la que la voluntad expresada por el Tribunal Electoral en el acto recurrido, es de carácter provisional, ya que su duración está condicionada a la culminación del procedimiento que se sigue, que es cuando se adoptara decisión definitiva en cuanto a la denuncia presentada.

De lo anterior, se concluye que en este caso, o sea, una demanda contencioso administrativa de protección de derechos humanos, contemplada en el numeral 15 del artículo 97 del Código Judicial, no se cumple con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, que establece como requisito para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que se “trate de actos o resoluciones  sean definitivas, o de providencias de trámites, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan termino o hagan imposible su continuación.”

Auto de 14 de noviembre de 2013. Caso: Asociación Panamá Avanza vs. Tribunal Electoral.

Texto del fallo