Comparada con el subsidio

 

Un literal entendimiento del texto normativo copiado precisa que, evidentemente, existe una diferencia entre subsidio y partida presupuestaria; el primero destinado a las organizaciones sociales ajenas  a fines comerciales, y la segunda, destinada a los patronatos creados mediante Ley. Vale igualmente especificar que tratándose  de patronatos pueden recibir subsidios y/o partidas presupuestarias  para los programas y proyectos sociales que realicen, al tenor del artículo 2 ibídem.

Sentencia de 12 de febrero de 2004. Caso: Patronato del Centro de Educación Vocacional Basilio Lakas c/ Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.

Texto del fallo

No puede la Contraloría objetarlo por razones económicas

 

Considera la Sala que el gasto que solicita la Lotería Nacional de Beneficencia tiene un fundamento jurídico inobjetable ya que se encuentra autorizado en el presupuesto de la institución, fue autorizado por la Junta Directiva, se efectuó el concurso o solicitud de precios correspondiente , se adjudicó el contrato y el vendedor entregó el vehículo que la institución opera en la actualidad.

Frente a esta situación jurídica evidentemente consolidada no puede la Contraloría General de la República, en esta etapa del desarrollo del negocio jurídico mencionado, objetar el gasto por razones económicas, las que además no ha acreditado el Contralor General de la República. La situación probatoria, en este último aspecto, es la contraria: la Lotería ha comprobado mediante fotos visibles a foja 10 del expediente el estado deplorable en que se encontraba el vehículo Nissan Cedric asignado a la Subdirección General de la Institución.

Auto de 21 de octubre de 1991. Caso: Petición de viabilidad y valor legal presentada por el Contralor General de la República acerca de un acto administrativo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Registro Judicial, octubre de 1991, p. 128.

Texto del fallo

Su pago está supeditado el presupuesto anual del Estado

 

La Sala estima que el Artículo 796 del Código Administrativo no se ha violado como aduce el actor. En razón de que la Institución demandada expidió certificación que se observa a foja 6 en la cual se reconocen los derechos a las vacaciones que reclama el ex-funcionario de esa Institución. Además, en el informe de conducta (foja 19 a 21) el Director General de la Corporación Azucarera la Victoria manifiesta que esta Institución reconoce los 6 meses acumulados de vacaciones del demandante y los gastos de representación a que tiene derecho por Ley. La violación a la norma se produciría en el evento en que no le hubieren reconocido tales prestaciones. El que a la fecha en que presentó la demanda no le hubiesen cancelado las sumas a que tiene derecho, no conlleva implícitamente la violación de la norma acusada, en vista de que el mecanismo de manejo y disposición de las fondos públicos está supeditado al presupuesto anual del Estado y no a voluntad particular de las diferentes Instituciones. En adición a lo expuesto, en su informe el funcionario demandado manifiesta que lo adeudado al actor fue incluido dentro del Presupuesto de la Institución y que Contraloría no lo ha hecho efectivo por razones de crisis financiera. Por lo anterior, se desestima la aducida violación al artículo 796 del Código Administrativo.

Sentencia de 13 de mayo de 1991. Caso: Rogelio A. Centella c/ Corporación Azucarera La Victoria. Registro Judicial, mayo de 1991, p. 47.

Texto del fallo

Debe limitarse a recapitular las partidas

 

Asimismo por sentencia de 17 de julio del presente año, con motivo de la demanda interpuesta por el Lcdo. Gil Tapia Escobar contra la Resolución del Órgano Ejecutivo, por la que se le negaba el derecho a percibir ciertas sumas en concepto de diferencias de sueldo, se expuso el mismo criterio en la siguiente forma:

Ya el Tribunal, con motivo de la demanda interpuesta por el Lcdo. Jacinto López y León, en representación del Fiscal de este Tribunal y del Fiscal Segundo del Primer Distrito Judicial, para que se declarara la nulidad de unos artículos del Decreto-Ley N.° 11 de 31 de marzo de 1950, por el cual se dictó el Presupuesto de Rentas y Gastos para el año fiscal de 1950, manifestó que la Ley del Presupuesto, por ser adjetiva, no puede crear, ni suprimir empleos, ni crear, ni suprimir gastos, sino los expresamente autorizados por las leyes sustantivas y que el Presupuesto, por consiguiente, debe limitarse a recapitular las partidas y tomar las medidas que las leyes sustantivas autorizan”.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de enero de 1952. Caso: Demetrio Korsi c/ Ministerio de Gobierno y Justicia. Gaceta Oficial N.° 13,840 de 23 de mayo de 1959, p. 9.

Texto del fallo

No puede suprimir empleos creados mediante una ley sustantiva

 

Ya el Tribunal en anteriores ocasiones ha tenido la oportunidad de exponer conceptos en relación con casos similares al que se analiza, esto es, con la eliminación de partidas en el Presupuesto para cubrir ciertos sueldos de puestos creados por la ley sustantiva, so pretexto del ejercicio de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo. Tenemos el caso, que por sentencia de fecha 20 de octubre de 1950, en relación con una demanda presentada por el Fiscal de esta Tribunal contra determinados artículos del Presupuesto de Rentas y Gastos del año 1950, el Tribunal hizo, entre otras, las siguientes consideraciones:

“Por todo lo expuesto, concluye el Tribunal, que existen las violaciones acusadas del artículo 2° de la Ley 59  de 1946, ya que no habiendo sido modificada dicha disposición legal por ley sustantiva alguna, conserva su vigencia y el Art. 706 del Código Fiscal, porque como dicen los actores, la ley del Presupuesto, por ser adjetiva, no puede crear, ni suprimir empleos, ni crear, ni suprimir gastos, sino los expresamente autorizados por las leyes sustantivas (subraya el Tribunal). El Presupuesto, como se alega, debe limitarse a recapitular las partidas y tomar las medidas que las leyes sustantivas autorizan. Los efectos de esta sentencia son los mismos que la de la Corte que aquí se transcribe”.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de enero de 1952. Caso: Demetrio Korsi c/ Ministerio de Gobierno y Justicia. Gaceta Oficial N.° 13,840 de 23 de mayo de 1959, p. 9.

Texto del fallo