Validez de sus efectos

Los requisitos con los cuales cumplió la solicitud de la sociedad Expreso Panamá Colón, Centro América, S. A. para el otorgamiento de la concesión de cupos o certificados de operación para la prestación del servicio de transporte en la modalidad expresa, y los trámites que la autoridad demandada siguió para otorgarla, fundamentándose ambos en el Resuelto N.º 397 de 1993, fueron legales hasta tanto no fue declarada su ilegalidad por esta Corporación y los efectos que produjo en el pasado al crear derechos subjetivos a favor de personas naturales o jurídicas, como lo es el caso de la Resolución N.º 31-1 de 1995, no pueden ser revocados, sino que mantienen su validez y subsisten en el tiempo.

Sentencia de 13 de mayo de 1999. Proceso: Nulidad. Caso: Gilberto Soto c/ Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Acto impugnado: Resolución 31-1 de 20 de abril de 1995. Magistrado ponente: Luis Cervantes Díaz.

Texto del fallo

Circunstancias que limitan sus efectos jurídicos

 

Ahora bien, resulta pertinente hacer referencia a los efectos de la declaratoria de ilegalidad del permiso de construcción demandado. En este sentido, advierte, la Sala que los efectos de la declaratoria de nulidad del acto en la presente demanda, se encuentra limitada porque este ha producido efectos jurídicos en el patrimonio de terceros de buena fe, toda vez que en su momento no se resolvió la solicitud de medida cautelar de suspensión de la construcción del Condominio de Playa Blanca.

Sentencia de 24 de marzo de 2015. Caso: Fernando Eleta Casanova, Philip Von Feigenblatt Rojas, Rossana Arias de Alemán y Raúl Barraza c/ Departamento de Ingeniería Municipal de Antón.

Fallo de Texto

Eficacia de un acto administrativo declarado ilegal

 

Mediante Sentencia de 7 de mayo de 1998, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró nulos, por ilegales, el Resuelto Nº 397 de 5 de noviembre de 1993 y el Resuelto Nº 153 de 31 de mayo de 1994, por considerar que no son actos administrativos idóneos para reglamentar la Ley 14 de 1993. Sin embargo las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo tienen efectos hacia el futuro y no hacia el pasado, y como las Resoluciones Nº 31 y 31-1 de 20 de abril de 1995 fueron proferidas, fundamentándose en el Resuelto Nº 397 de 1993 modificado por el Resuelto Nº 153 de 1994, con anterioridad a la sentencia de 7 de mayo de 1998, entonces las situaciones jurídicas surgidas durante la eficacia del acto declarado ilegal, no pueden ser invalidadas por la declaratoria de nulidad.

Sentencia de 23 de marzo de 1999. Caso: UTRACOLPA, S.A. c/ Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Texto del fallo

Produce efectos ex-nunc

 

La Sala observa que la contienda se cifra medularmente en la determinación de la vigencia del acuerdo municipal Nº 11 de 20 de abril de 1991, anulado por parte de este Tribunal colegiado por la sentencia de 27 de diciembre de 1993, ya que como consecuencia se pondría de relieve la operatividad de la interrupción de la prescripción o no a favor de una de las partes en este proceso, y por ende, la exigibilidad de los tributos municipales.

Sobre el particular es indispensable resaltar que la simple declaratoria de nulidad, es decir, las que se decretan dentro de las demandas Contencioso Administrativo de Nulidad como acción popular producen solamente efectos ex-nunc (hacia el futuro), más no ex-tunc (hacia el pasado) por lo que sus consecuencias no se retrotraen al período o tiempo anterior a la publicación de la declaratoria de nulidad.

Sentencia de 14 de junio de 1995. Proceso ejecutivo por cobro coativo. Caso: Municipio de Panamá c/ Varig Airlines.

Texto del fallo

Se da por Omisión

La falta del ejercicio de la facultad que tenía el Comité Evaluador de solicitar información adicional para el análisis de la solicitud y de verificar la información suministrada, merma el reconocimiento del derecho que, en virtud del cumplimiento de los requisitos por parte del Dr. Obaldía, le otorgaba el reingreso a la categoría de Investigador Distinguido.
Lo anterior, causa que el articulo 15 del Reglamento a la ley 56 de 14 de diciembre de 2007 “Que crea el Sistema Nacional de Investigación”, haya sido vulnerado de forma directa por omisión, lo que deviene en la declaratoria de legalidad del acto demandado. por lo que se hace innecesario la confrontación del resto de las normas alegadas como ilegales por el demandante.

Sentencia de 27 de julio de 2017. Proceso: Plena Jurisdicción Caso: Nicanor Obaldía c/ Sistema Nacional de Investigación. acto:Resolución N°1 de 13 de junio de 2016 y Resolución N°25 de 7 de julio de 2016. Magistrado ponente: Abel Augusto Zamorano.

Texto del Fallo